Por Adrián Pérez (*) – Columna de la Agencia Telam
El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que ya se debate en la Cámara de Diputados de la Nación es una herramienta eficaz a favor de la transparencia y para prevenir la corrupción. Y es la primera vez que cuenta con la voluntad política del Poder Ejecutivo para aprobarse.
La sanción de esta norma, que fue elaborada respetando los estándares internacionales en la materia, pondrá a la Argentina a la par de los más de 90 países del mundo que tienen una normativa que regula el derecho de acceso a la información pública y hará que salga de la penosa lista de aquellos pocos estados que todavía mantienen la opacidad como la regla. En la región, por caso, sólo Venezuela comparte la oprobiosa nómina con nuestro país.
Dar respuestas es una obligación ineludible que tiene el Estado con la ciudadanía. Por eso el proyecto de ley establece plazos breves para proveer la información solicitada y establece como ejes de la norma cinco principios fundamentales: publicidad, igualdad, celeridad, informalidad y gratuidad. Los mismos permitirán potenciar el desarrollo de los derechos civiles, la transparencia y también fomentar el debate público e informado para evitar la corrupción.
El debate sobre el acceso a la información pública ya está planteado y nuestro objetivo central es que toda persona pueda acceder a la memoria gubernamental de manera adecuada, oportuna y veraz; porque sin acceso a datos, estadísticas o informes de gestión que justifiquen el accionar de la gestión de gobierno es imposible que las personas puedan participar plenamente de este desafío que tenemos como sociedad, que es seguir fortaleciendo la democracia.
(*) Secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional de la Nación