Consideran que deben ser nombrados por el Senado a propuesta del Ejecutivo. Igual, reclaman una ley que reglamente y clarifique la norma constitucional «de manera taxativa y sin lugar a interpretaciones».
Los defensores del Pueblo en pleno debate sobre el decreto del presidente Macri que designó a dos ministro de la Corte.
Los defensores del Pueblo de todo el país rechazaron la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del decreto y propusieron el dictado de una ley que «de manera taxativa y sin lugar a interpretaciones» reglamente la norma constitucional que otorga al Senado la potestad de nombrar a los magistrados a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional.
A juicio de los defensores, «no resulta aceptable que la designación de las máximas autoridades de cualquiera de los tres poderes este sujeta a diversas interpretaciones que pueden dar lugar a designaciones de modos diferentes».
Durante la reunión de la mesa directiva de la entidad que los nuclea, ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina), se evaluó que las designaciones en comisión de dos miembros de la Corte, por medio de un decreto del PEN, «generó controversias políticas y jurídicas, al no pasar por el Senado». Y se consideró que «el mecanismo utilizado es el que provocó la discusión».
ADPRA consideró necesario que los nombramientos de «esta envergadura estén definidos de manera taxativa y sin lugar a interpretaciones», y en esa línea propuso «el dictado de una ley que reglamente la norma constitucional y deje saldado el debate de manera definitiva».
«Las instituciones fundamentales de la República deben gozar de absoluta unanimidad en su conformación. La legalidad y legitimidad se construyen desde una norma precisa, clara, de interpretación única y conocida por todos», declararon los defensores.
En consecuencia, «la norma debe contemplar que la designación se haga por medio del Senado, con el previo envío de los candidatos por parte del Poder Ejecutivo Nacional». Y concluyeron que «la institucionalidad se consolida con normas claras y precisas que no queden sujetas a ningún tipo de interpretación».
A todo esto, el presidente de la organización, el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, expresó que “en la ley de designación de los jueces de la Corte no debería haber una interpretación amplia y laxa. Al contrario, debe ser taxativa y pétrea”.
Además de Amor, participaron del encuentro las autoridades de ADPRA, Rocío Fernández (Defensora del Pueblo de Escobar); Silvia Caprino (La Matanza); Javier Rodríguez (Ciudad de Corrientes); Andrea Galaverna (Bariloche) y Nadina Diaz (Río Negro).
Asimismo, acompañaron la reunión de la mesa directiva, Luciano Leiva (provincia de Santa Fe); Luis Bratti (Quilmes); Alicia Peressutti (Villa María); Tomás Dadic (representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación) y los defensores adjuntos de la Ciudad de Buenos Aires, María América González y José Palmiotti.