El fiscal Jorge Di Lello busca determinar cómo el Municipio aplicó el programa nacional «Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios». Además del intendente, hay más funcionarios bajo la lupa.
Luego de las denuncias que se hicieron para conocer cómo el Municipio de San Isidro implementó el programa nacional «Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios», la Justicia llevará adelante una investigación que tiene al intendente Gustavo Posse en el centro de la escena.
Es que el fiscal Jorge Di Lello quiere conocer la forma en que los fondos de este plan de viviendas fueron aplicados en San Isidro. Para eso, además del jefe comunal, también pondrá la lupa sobre el secretario de Gobierno municipal, Héctor Prassel; el ex subsecretario de obras Romero y su hermana Luciana.
Di Lello entiende que estos integrarían firmas sospechadas de desviar partes de los montos que la Nación otorgó al Municipio para llevar adelante el programa, una suma de 410.852.650 pesos que fueron enviados entre 2005 y 2007.
Por lo tanto, Di Lello impulsa la intervención de expertos de la Corte Suprema de Justicia en los barrios de San Isidro de «La Cava»; «La Cava Chica»; «Sauce»; «San Cayetano»; «Santa Ana», «Boulogne» y «Uruguay». Con esta estrategia, el fiscal pretende determinar el estado de la ejecución del plan de viviendas.
Además, exige que desde la Corte también pongan la lupa sobre la ejecución del programa generó algún perjuicio al Municipio. Por otro lado, le pide a la Sindicatura General de la Nación todo los datos que tengan sobre la ejecución del plan, además de la declaraciones de varios de los denunciantes de esta situación, como el ex Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondito, y la concejal Marcela Durrieu.