La Suprema Corte el dio un plazo al gobierno bonaerense hasta el 15 de octubre para que abandone el relleno de Punta Lara y ponga en funcionamiento la nueva planta de residuos.
Tras los reclamos vecinales y al haber pasado mas de tres años del anuncio oficial de clausura, la Suprema Corte de Justicia bonaerense intimó al Ejecutivo provincial para que antes del 15 de octubre presente una “metodología y fecha de cierre del completo ambiental que el Ceamse explota y administra en Ensenada”.
A través de una resolución, el máximo tribunal de la Provincia le dio 60 días a la administración sciolista para llevar adelante un cronograma de adecuación y continuar con la construcción de la planta de tratamientos de residuos que debe reemplazar a este relleno sanitario, lo que ya fue anunciado en 2010.
La medida judicial se da después de la audiencia pública que mantuvo el 4 de julio el gobierno con los vecinos nucleados en distintas ONG’s que buscan el cierre de este predio.
La ONG “No + CEAMSSE” expresó, a través de un comunicado, que “esta nueva resolución confirma una vez más que la Provincia debe cumplir con los objetivos principales del Convenio judicial de hace más de siete años en el cual se establecía el cierre definitivo del relleno de Punta Lara”.
“El alto tribunal demuestra a través de las resoluciones que los reclamos que venimos llevando adelante los vecinos y organizaciones son atendidos, pero principalmente esto también confirma nuestra convicción de seguir adelante a pesar de las maniobras dilatorias que pretenden imponer los funcionarios”, agregaron.
Desde la Provincia, en referencia a la nueva planta que debe sustituir al relleno de Punta Lara y cuyas obras se encuentran en punto muerto, indicaron que “creemos que en 60 días habrá un acuerdo entre el municipio de Ensenada y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Sanea-Esur-MGM, y de esta manera se resolverán los detalles de un nuevo cronograma de ejecución de la planta en el marco de la posibilidad financiera de la Provincia”, según los dichos del titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao.
“Es un proyecto de características muy especiales porque cuando comenzó la licitación no había ninguna planta en nuestro país y pocas en Sudamérica que pudieran ser comparadas por el volumen de tratamiento de residuos y las características tecnológicas”, agregó el funcionario provincial.