Luego de que la iniciativa tuviera media sanción en Diputados, los intendentes trabajan contrarreloj para que haya modificaciones en el Senado.
Celebrada como la consagración de un derecho reclamado después de mucho tiempo por los trabajadores municipales, finalmente el proyecto de ley que busca reglamentar las relaciones laborales de este sector obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense.
Sin embargo, los intendentes pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de que esta iniciativa siga el mismo camino en Senadores. La gran preocupación de los jefes comunales es que la nueva normativa signifique un golpe a las arcas locales debido a la posibilidad que plantea de llevar adelante paritarias particulares para los trabajadores de los municipios.
Uno de los que encabeza esta cruzada contra el proyecto de ley es el intendente de Ituzaingó y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), quien mantuvo un encuentro con el bloque del Frente Para la Victorio (FPV) de la Cámara alta.
“Nosotros tenemos la voluntad de que salga, pero es necesario e indispensable que sea en el marco de la ley para que cada municipio tenga su paritaria o convención colectiva de trabajo”, planteó Descalzo.
Los intendentes sostienen que el proyecto de ley contiene “algunos errores y recae en los mismos vicios”, y apoyan su rechazo en el hecho de que afecta la autonomía municipal. El argumento que siguen para sostener esto, es un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que declaró inconstitucional 60 artículos de la ley 11.757 por entrometerse en cuestiones locales.
En ese sentido, Descalzo, junto al intendente de Florencio Varela y titular del a FAM a nivel nacional, Julio Pereyra se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, a quien le adelantaron las modificaciones que iban a proponer, porque de avanzar el proyecto volvería a la Cámara baja.
Otro de los intendentes que marcó una clara postura respecto a la Ley de Municipales fue el titular del Ejecutivo de General Pinto, Alexis Guerrera, quien planteó que “no podemos afrontar un gasto tan grande en sueldos”.
Para explicar esta postura, el intendente tomó como ejemplo su municipio: “sobre un presupuesto de 106 millones de pesos, y tomando como ejemplo se llevaría de pasar a la categoría de 30 horas semanales el salario vital y móvil y se incrementaría en 27 millones de pesos sin contar las horas extras y viáticos, por lo cual es inviable en General Pinto salvo que en la Ley exista un financiamiento por parte dela Provincia o de algún otro organismo que no sea el municipio”, indicó.
“Tenemos que lograr el reconocimiento de los trabajadores municipales con un equilibrio que esté en la Ley”, finalizó.