Por Fabián Salvioli (*) – Columna de su muro de Facebook
La ley de la Provincia de Buenos Aires que obliga a hablar de 30.000 desaparecidos en la dictadura cívico – militar que practicó el terrorismo de Estado en la República Argentina es contraria a estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su observación general N° 34, de la que tuve la oportunidad de participar en su redacción y aprobación, ha señalado que «Las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados partes en lo tocante al respeto de las libertades de opinión y expresión. El Pacto no autoriza las prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados.» (párr. 49).
En el ámbito interamericano mucho más, toda vez que el Pacto de San José de Costa Rica prohíbe la censura previa (art. 13.5).
Ya he dicho en mi propio muro por qué las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina ascienden a un número muy superior a 30.000, y no voy a repetir ahora dichos argumentos para no desviar el sentido del post. Volviendo al tema, no es necesaria una ley para imponer cuestiones de sentido común.
Ahora bien, si el problema es que existen funcionarios o funcionarias negacionistas del terrorismo de Estado o la magnitud del mismo, la solución es otra: ningún gobierno debería tener como personas que presten funciones públicas a quienes minimicen o pongan en tela de juicio los crímenes de Estado o la entidad de los mismos.
Quien cuestione la cifra podrán tener dicha opinión, como existen también idiotas que niegan el genocidio nazi, pero no debiera poder cumplir funciones públicas, sencillamente porque los gobiernos no le colocarían allí o le removerían de su puesto; la actuación pública exige adaptarse a los valores sociales adquiridos, y en Argentina si hay un valor social adquirido ese es la conciencia bien aprendida en democracia respecto del más pleno y absoluto repudio al terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura cívico – militar.
Queda claro que las posiciones negacionistas, a favor de la impunidad o que intenten minimizar los hechos o el impacto de los mismos repugnan a la conciencia de la sociedad, a pesar de los esfuerzos que se efectúan desde diferentes espacios comunicacionales y (en menor medida) políticos para instalar retrocesos en la materia.
¿Qué ha de hacer un gobierno democrático?; sencillo: hablar de dictadura cívico – militar y de 30.000 desaparecidos por convencimiento propio, no por imposición legal.
Asimismo, no permitir por un minuto a nadie en funciones, que cuestione públicamente dichos hechos, o que se haya levantado contra la democracia en los nefastos movimientos carapintadas que perseguían la impunidad legal de los genocidas.
La conciencia social es muy importante; por algo en Francia todo el espectro político se junta para no permitir a Marine Le Pen arribar a funciones públicas; es su racismo, su xenofobia y sus posiciones públicas frente a hechos del holocausto lo que generan la reacción popular y política en su contra.
En efecto, la mayor reserva ética está en manos de la propia sociedad. En Argentina también la gente ha dado una señal bien clara en la reacción frente al incalificable fallo de la Corte Suprema que aplica el beneficio del 2 x 1 a un condenado por crímenes contra la humanidad, y por estos días aparece la valiente y admirable postura de hijos e hijas de genocidas que deciden cooperar con los procesos de memoria, verdad y justicia.
La dictadura militar tuvo complicidad civil y eclesiástica, y el número de víctimas del terrorismo de Estado es superior a 30.000.
No hacen falta leyes, sino actuaciones públicas éticas y consonantes en dicha dirección para tomar decisiones de remoción en los casos debidos, y una sociedad atenta para repudiar públicamente cualquier intento minimizador o negacionista.
(*) Abogado. Magister en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Jurídicas. Director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Fundador y director de la carrera de postgrado de Maestría en Derechos Humanos de la UNLP. Presidió el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el período 2015-2016. Autor del libro “La Universidad y la Educación en el Siglo XXI”.