Estará ante el Concejo el jueves 27. Además de Muriale, testificarán otros funcionarios de su gabinete. La sombra de la destitución.
En una sesión extraordinaria llevada a cabo ayer, el Concejo Deliberante de Pinamar aprobó por mayoría la propuesta del bloque opositor y definió el llamado a interpelación del Intendente Hernán Muriale y varios funcionarios de su gabinete, a raíz de supuestas irregularidades en un parador de la costa balnearia.
Se trata de denuncia por la instalación de un parador donde se prestarían servicios para personas con discapacidad, presuntamente solicitada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
El parador no solo no prestó ningún servicio para personas con discapacidad, sino que además cobraban sus servicios como cualquier otro. Pero lo más grave es que la documentación habilitante, presentada por el secretario de Gobierno, Juan José Rodríguez, cuenta con firmas falsificadas.
Tras un álgido debate, los concejales definieron que sea el próximo 27 de febrero la fecha elegida para que el jefe comunal y parte de su gabinete expliquen por qué se permitió un parador en la playa sin que haya pasado por el HCD, y que luego derivó en varias irregularidades.
Aparte de Muriale, fueron convocados a dar explicaciones el secretario de Gobierno, Juan José Rodríguez, el funcionario del área de Hacienda Carlos Bucheli y el subsecretario de Fiscalizaciones, Leandro Sarobe.
En el inicio del encuentro, los ediles dirimieron si se trata de un tema de “urgencia” o no, ya que se conoce que el tema ha sido resuelto por el Ejecutivo, que dispuso de la clausura del parador, y además está sujeto a una denuncia penal. Así, lo manifestó Alberto Germain, quien además pidió el pase a comisión de este tema, hasta el inicio de las sesiones ordinarias.
La oposición, en cambio, consideró que el conflicto es urgente y añadió que “no hay que tenerle miedo a las interpelaciones”, dado que “no es más que el Intendente y sus funcionarios den explicaciones”. Si bien acordaron que existe una vía judicial en curso, coincidieron en señalar que “al Concejo le corresponde juzgar responsabilidades políticas”.
En cambio, bloques alineados al ejecutivo local, lamentaron que el hecho ya haya trascendido en los medios nacionales como un “nuevo conflicto político” que vuelve a envolver a Pinamar de ese manto de corrupción con el que aparece vinculado recurrentemente.
“Si bien el Intendente no tiene miedo de dar explicaciones, es una lástima que Pinamar esté nuevamente en los medios nacionales por esto”, dijo Pedro Elizalde al tiempo que acotó que “los funcionarios ya se acercaron a dar explicaciones, entonces, ahora queda en manos de la justicia, pero para los medios nacionales, el responsable directo es el Intendente”.
De la misma forma, se manifestó Edgardo Paso, quien aseguró que se trata de una cuestión mediática ya que todos acordaron que se hicieron cosas mal y se han tomado acciones para corregir los errores que hubieron. Entonces opinó que “esto tiene otro sentido”, entre las que apuntó que “parece que se quiera ir por una destitución”.
“Estamos interpelando una y otra vez con el mismo tema ¿qué le va a preguntar el Cuerpo? Lo mismo. Lo que se está buscando es una cuestión mediática. Puede rendir políticamente, pero estamos cayendo en una redundancia”, dijo otro de los ediles. InfoGEI