De aprobarse un proyecto de diputados radicales, magistrados y empleados del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y de las provincias, perderán el privilegio que los exceptúa abonar el tributo.
Un proyecto de diputados radicales que apunta a eliminar el privilegio de jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial que están exceptuados de pagar el Impuesto a las Ganancias, tomó estado parlamentario en el Congreso nacional y amenaza con desatar una fuerte confrontación de difícil pronóstico a la hora de los resultados.
Encabezados por el mendocino Luis Borsani, los legisladores proponen que los magistrados y empleados del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y de las provincias paguen Ganancias como lo hace todo el mundo.
La iniciativa, que ingresó por mesa de entradas de la Cámara Baja, busca sustituir un inciso de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias «con el fin de incluir a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) de la Nación y de las provincias de tributar impuesto a las Ganancias, sin excepción».
El proyecto lleva las firmas de los radicales Borsani, Mario Negri, Facundo Suárez Lastra, Claudia Najul, Hugo Marcucci, Gustavo Menna, Brenda Austin, María Soledad Carrizo, Olga Rista, Luis Petri, Miguel Bazze, Gonzalo del Cerro, y Carlos Fernández.
En 1996 la Corte Suprema de Justicia dictó una acordada en la que declaró el carácter de inaplicable del Artículo 1 de la Ley 24.631, en cuanto derogaba las exenciones tributarias – en relación al impuesto a las Ganancias- para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
Sin embargo, en 2016 el Congreso aprobó una ley que dispuso que aquellos cuyo nombramiento estuviese vigente a partir del 1 de enero de 2017 en adelante, estén obligados a tributar el mencionado impuesto, pero no así los designados antes de esa fecha.
De acuerdo a la iniciativa, esa situación «acarrea una doble violación al principio constitucional fundamental como lo es el de igualdad ante la ley, más específicamente el de igualdad como base de los impuestos y las cargas públicas, y el de igual remuneración por igual tarea».
«En una sociedad democrática es inimaginable sostener cuanto menos, que una persona que ocupa el mismo cargo, con iguales funciones, carga horaria y tareas que otra, cobre más por el simple hecho de haber sido designada con anterioridad o posterioridad a una fecha determinada», destacó el proyecto impulsado por los diputados radicales.
La propuesta entiende que «en los tiempos actuales, en el cual el país necesita de la colaboración de todos sus habitantes, especialmente de los miembros de los poderes del Estado, admitir esta excepción resulta abalar no sólo una discriminación arbitraria respecto de los demás ciudadanos sino convalidar privilegios de un pequeño sector de la sociedad que lejos está de lograr la tan preciada equidad social y justicia».