Un informe del senador Joaquín De la Torre, entre participantes de programas sociales en la Provincia, arrojó cifras escalofriantes. Un 51% tiene un amigo que dejó el colegio; 57% afirmó que su situación está peor que hace 6 meses; y 33% no puede comprar los mismos alimentos que antes.
El diputado provincial possista apuntó contra el gobernador Kicillof y el ministro del Interior, Wado de Pedro por lanzar proyectos de su autoría que ya tienen estado parlamentario en la Legislatura.
El PRO destacó que no acompaña ninguna reforma “irresponsable” y salió a bancar la ley que se votó durante la gestión de María Eugenia Vidal, tendiente a sanear la Caja. Alertó que los eventuales cambios ponen en riesgo la sustentabilidad del régimen jubilatorio.
La senadora bonaerense aseguró que la Vicepresidenta tiene el respaldo de gobernadores e intendentes para construir el escenario electoral del próximo año. Y calificó de “absurda” la eventual candidatura de Alberto Fernández en las PASO.
La organización que nuclea a instituciones de enseñanza privada en la Provincia se manifestó a favor de esa posibilidad. Se implementaría en el Presupuesto 2023. Se discute por estas horas en el Congreso.
Nueve ombudsman bonaerenses se reunieron con el interventor del ENRE, Walter Martello. Trascendió que 37% de jubilados y clubes de barrio todavía no se inscribieron para mantener los subsidios.
Es el monto de financiamiento otorgado por el Banco Provincia desde febrero de 2020. Un 62% de las empresas receptoras son del sector comercial y agropecuario; 18% de servicios; 17% industrias y 3% construcción.
La colocación de productos bonaerenses en el exterior arrojó un ingreso de divisas de u$s2.890 millones. Es el mejor registro en 13 años. En comparación con datos pre pandemia, la mejora fue del 45,2% respecto a julio de 2019.
Fueron liberadas durante operativos simultáneos en ocho departamentos judiciales de la Provincia. Entre enero de 2020 y agosto de este año, se registraron 37.655 situaciones de restitución de derechos.
Tendría competencia ante cualquier tipo de acoso, intimidación o acto de violencia en las aulas. La iniciativa del diputado Balbín ya tiene estado parlamentario.
