Tendría competencia ante cualquier tipo de acoso, intimidación o acto de violencia en las aulas. La iniciativa del diputado Balbín ya tiene estado parlamentario.
“Sería una ayuda para los docentes ante cualquier tipo de acoso, intimidación o violencia en las aulas, ya sea por situaciones relacionadas con los padres, los alumnos, la administración educativa o los propios compañeros”. En esos términos, el diputado provincial Emiliano Balbín presentó el proyecto de su autoría, que ya tomó estado parlamentario, que apunta a crear la institución del Defensor del Docente.
La iniciativa, promovida por el bloque de diputados de Juntos, se elaboró a partir de los numerosos casos en que los docentes son víctimas de violencia verbal, física y/o material en sus bienes.
Balbín expresó que “las consecuencias de las situaciones de acoso y violencia que sufren no solo afectan al propio docente, puesto que un maestro o profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación”.
“Las bajas laborales generan un costo para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos y, sin embargo, las consecuencias se extienden hacia todo el alumnado con el que interactúa el agredido”, explicó el legislador radical.
“Por ello – explicó el diputado en los fundamentos del proyecto- es que ante la necesidad de garantizar la seguridad a los docentes y directivos que en cumplimiento de su deber sufran alguna de las situaciones antes citadas, es que se presenta este proyecto legislativo”.
“Este mecanismo permite la protección del docente ya sea para la realización de denuncias, como así también para su defensa. Se trata de medidas que, de acuerdo con las circunstancias a las que hacemos frente, es necesario tomar. Debemos como sociedad defender la cultura del respeto, adaptada al momento actual, aspecto fundamental de la educación en la que todos tenemos una cuota parte de responsabilidad, desde los funcionarios hasta los padres de los alumnos”, concluyó Balbín.
QUÉ DICE EL PROYECTO.- El texto de la iniciativa prevé que el docente puede ser asistido y representado gratuitamente, a su solicitud, por un abogado provisto por la dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, ya sea para la formulación de denuncias penales o correccionales, defensa ante denuncia criminal y/o la constitución como querellante particular, en aquellos supuestos o causas judiciales que se originen en actos de violencia, agresiones verbales, físicas y/o materiales ejecutados por padres, madres, familiares u otros allegados de los menores alumnos, con motivo del ejercicio regular de la función docente.
También que la DGCE deberá adaptar sus guías, protocolos y normas, vinculadas con esta materia a las disposiciones de la presente ley, con la debida intervención en lo pertinente, del Ministerio Público, a fin de garantizar la correcta aplicación de lo aquí dispuesto.
Y que la aplicación de la presente se realizará en forma coordinada con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.