Un fiscal pidió inhibir los bienes y prohibir la salida del país del exgobernador, en una causa por corrupción. ¿Qué papel jugó la institución del Estado que debe velar por los intereses de la Provincia?
Por Eloy Gómez Raverta (*) – Especial para F5Diario
@EloyGR – gr.eloy@gmail.com
«Idénticos delitos tienen diversas consecuencias: a unos los hacen reyes y a otros los llevan a la horca», Metastasio (Pietro Trapassi) – Poeta italiano (1698-1782).
Totalmente aséptico. Descontaminado de pasiones. Desnudo de adjetivos. Solo hechos y funciones, cumplidas o incumplidas, de un organismo público que nace con la Constitución provincial de 1889, pero que sus orígenes se remontan a 1854, la friolera de 164 años de historia.
El organismo público en cuestión es el “encargado de la defensa judicial de la provincia de Buenos Aires y del control de legalidad de los actos administrativos emanados del Poder Ejecutivo. Constituye una pieza esencial del sistema de tutela de los intereses patrimoniales del fisco y de vigilancia del regular funcionamiento de la actividad administrativa”.
Se trata de uno de los “órganos de contralor establecidos por la Constitución bonaerense. Representa a la Provincia en la defensa de su patrimonio, o mejor, del patrimonio de todos los ciudadanos. También puede impugnar, administrativa o judicialmente, medidas de gobierno que no se compadezcan con la legislación provincial y que comprometan bienes o intereses fiscales”.
En rigor, estamos en presencia de “una institución de hondo arraigo en el derecho público provincial que constituye un mecanismo idóneo para la protección de los intereses patrimoniales del Estado”.
Palabra más o menos, así se autodefine esta organización del Estado bonaerense en su web site.
Hechos
Dicho todo esto, ayer la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, de ella se trata, «no acompañó» el pedido que el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, le efectuó a la jueza Marcela Garmendia, de inhibir bienes al exgobernador Daniel Scioli y que se le prohíba salir del país, en el marco de una causa que investiga presuntos hechos de corrupción durante su mandato, en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA), que habrían infringido a la Provincia un daño patrimonial de 189 millones de pesos.
El exministro de Salud, Alejandro Collia, también se encuentra imputado en la causa, junto al empresario Ricardo Miller.
Ayer, la jueza Garmendia convocó a las partes. Se presentaron, además de Garganta, los defensores de Scioli, Collia y Miller y un abogado de Fiscalía de Estado como particular damnificado.
Ahora, la jueza Garmendia tiene 5 días hábiles para decidir el pedido del fiscal que, como se indicó, no contó con el aval de la Fiscalía de Estado.
Dudas
¿Por qué el particular damnificado no acompañó el pedido del fiscal Garganta?, es el interrogante que quedó flotando, en virtud de que la Fiscalía tiene como misión “defender lo que es de todos”. O como reza en su home page institucional: “Habrá un Fiscal de Estado inamovible, encargado de defender el patrimonio del Fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado”.
¿La sospecha de que un exgobernador, un exministro y un empresario provocaron un daño patrimonial a la Provincia por 189 millones de pesos, no es suficiente para que la Fiscalía de Estado acompañe el requerimiento del fiscal?
La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires entiende que “los organismos públicos existen para cumplir funciones al servicio de los ciudadanos en su conjunto. El respeto por esa tarea, implica el ejercicio de un orden legal, pero sobre todo ético y transparente”. Que así sea!!!
(*) Periodista. Director de @F5Diario.