Diputados radicales se manifestaron en contra de la decisión del Gobierno de destinar a la Provincia un punto de los fondos adicionales que desde 2016 recibía el distrito porteño.
Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical cuestionaron hoy, con distintos argumentos, la decisión del gobierno nacional de destinar a la Provincia un punto de los fondos coparticipables adicionales que desde 2016 recibía la ciudad de Buenos Aires a instancia de un decreto de coparticipación adicional que, en enero de 2016, la entonces gestión de Mauricio Macri había establecido por decreto.
“Es un precedente gravísimo e inconstitucional de un gobierno nacional con visión centralista y unitaria», consideró el diputado Gustavo Menna, integrante de la Comisión Bicameral de DNU, en un comunicado de prensa.
Por su parte, Facundo Suárez Lastra aseguró que desde el oficialismo “van por (el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta, y se tiran un tiro en los pies que impacta a los más pobres del Conurbano».
«Le sacan $35.000 millones. Los 33 hospitales de CABA cuestan $75.000 millones. El 50% de los pacientes son pobres del Conurbano. En mitad de la pandemia le sacan lo que CABA gasta en atenderlos”, analizó el legislador.
El diputado Luis Petri también se sumó a las repercusiones y puso el foco en dichos del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que Buenos Aires “es una provincia rica, con un Gobierno pobre”, y resaltó: “A confesión de parte… ya lo creo, pobre en ideas, en planificación, en programas, en diálogo”.
A su turno, el diputado Miguel Bazze sostuvo que «el Presidente (Alberto Fernández) actuó de la peor manera, desfinanciando a CABA» y consideró que la Provincia «sufre las consecuencias de las pésimas administraciones peronistas».
En tanto, la diputada Soledad Carrizo afirmó que “hoy vemos desvanecerse las promesas y los principios de nuestra Constitución, dando la espalda al federalismo como base y fundamento de la unidad nacional».
Finalmente, el diputado Jorge Vara se sumó a los cuestionamientos y aseveró que «hablan de diálogo mientras le sacan de manera unilateral un punto de coparticipación a una jurisdicción autónoma, para dársela a otra. Esto profundiza el grado de conflicto. Mala decisión que demuestra la falta de capacidad de gestión de quien debería resolver el problema”.