El fallo es considerado como un duro traspié para el gobierno. Ahora, deberá definir sobre la cuestión de fondo. Mientras tanto, los jueces que investigan casos de corrupción kirchneristas seguirán en sus tribunales.
En lo que se interpretó como un duro traspié a las aspiraciones del gobierno, la Corte Suprema de Justicia aceptó hoy tratar el pedido de Per Saltum – salto de instancia- que presentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que investigaron causas de corrupción de la gestión kirchnerista, para que sea ese tribunal el que decida si la revocación de sus traslados a la Sala 1 de la Cámara Federal porteña de los tres magistrados es legal o no.
De esta forma, los jueces que investigaron a la ex presidenta, hoy vicepresidenta, Cristina Kirchner, no podrán ser removidos de los cargos que ocupan en la Justicia federal penal, donde se tramitan las causas de corrupción, mientras el Consejo de la Magistratura no podrá realizar cambios hasta tanto se analice el fondo de la cuestión.
La resolución de la máxima instancia judicial del país llevó la firma de los ministros Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y también la del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien lo hizo con argumento propio, y se dio en el marco de un acuerdo extraordinario convocado la semana pasada por Rosenkrantz, que ahora deberán decidir la cuestión de fondo – si son legales los traslados- sin fecha tope.
El acuerdo comenzó a las 11, con participación virtual de Highton como medida preventiva contra el coronavirus, y se extendió poco menos de dos horas.
LOS AMPAROS.- Bertuzzi, Bruglia y Castelli habían planteado recursos de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, que fueron rechazados por la jueza de primera instancia María Alejandra Biotti, por lo que recurrieron a la Cámara para intentar frenar la suspensión de sus traslados.
En esas circunstancias, los magistrados federales recurrieron a la Corte con el pedido de salto por instancia para que se les concediera el amparo negado y buscando que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, esto es, si sus traslados fueron legítimos.
Ante esta situación, el presidente Rosenkrantz convocó para este martes a un «acuerdo extraordinario» para tratar los pedidos de los jueces bajo la convicción que eran planteos «excepcionales» que requerían ser analizados con «muchísimo detenimiento».
En su voto de este martes, Rosenkrantz señaló que el planteo de los jueces era admisible porque lo decidido por el Consejo de la Magistratura y el Senado no se trataría únicamente de traslados irregulares sino de un intento por revisar retroactivamente el mecanismo de designación de un número importante de jueces de la Nación.
Si se permitiera esto, según el titular de la Corte, se pondría en riesgo la garantía de inamovilidad de los jueces prevista en el artículo 110 de la Constitución Nacional.
En tanto, el lunes se pronunció el fiscal general en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, que rechazó las pretensiones de los jueces y señaló que «el título que los accionantes ostentaron como jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, no alcanzó a consolidarse», porque no obtuvieron el acuerdo del Senado.
La acordada de la Corte llegó horas después de que la cámara en lo Contencioso Administrativo Federal pidiera, a través de sus integrantes Guillermo Treacy y Jorge Alemany, que se designe a un tercer magistrado que pueda desempatar y definir si se acepta o se rechaza un amparo de Bruglia y Bertuzzi para permanecer en la Sala 1 de la Cámara. nominación que recayó en Clara Do Pico, ante la excusación de uno de los tres jueces del tribunal, que es también un magistrado trasladado.