El pedido de la Ciudad, antes de que el máximo tribunal se expida, deberá pasar por los secretarios letrados, los ministros y recién ahí una acordada. Depende de las prioridades de sus miembros.
El pedido del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina la constitucionalidad de la quita de un punto de la coparticipación de Ciudad de Buenos Aires no tiene plazo y en la previa será analizado por los secretarios letrados, después por los ministros y recién ahí, eventualmente, saldría la acordada del máximo tribunal.
Mientras algunas fuentes aseguran que el tribunal se abocaría a un tratamiento rápido, como suele hacer con los pedidos de relevancia política y cuando se solicita una medida cautelar, otros voceros creen que el “freezer” es el destino inmediato del pedido de Larreta.
Si bien la Corte es la única instancia en la Justicia que no actúa dentro de plazos procesales, existe una dinámica que se da en cada composición de los máximos tribunales y que se acelera cuando se piden medidas para preservar derechos vulnerados.
La Corte, presidida por Carlos Rosenkrantz, suele hacer los jueves las reuniones de acuerdo, para resolver los temas ya analizados por las secretarías y firmar resoluciones, acordadas o sentencias.
Todos los días, los secretarios letrados y sus asesores trabajan en los recursos que llegan a la Corte y cada ministro lo firma cuando se define una postura a través de los votos, que luego se analizan en las acordadas para llegar a consensos de mayoría que definen la postura del máximo tribunal.
La petición de la Ciudad tendrá ese recorrido: secretarios letrados, ministros y acordada, en el ritmo que la Corte decida darle según las prioridades de sus miembros.