Defensor del Pueblo Adjunto respaldó el plan de la nueva cárcel de Campana que hizo la Gobernadora. El programa se basa en la educación y el trabajo obligatorio de los internos.
“Educación y trabajo son los pilares básicos para que los jóvenes privados de su libertad puedan reinsertarse a la sociedad y empezar una vida lejos del delito”, señaló el defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores.
La declaración de Honores se inscribe en el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal, que ayer presentó una unidad carcelaria modelo, en Campana, a donde 616 internos varones de entre 18 y 21 años, que estén cumpliendo una pena menor a 5 años, relacionadas con delitos como robos, hurtos o encubrimientos, tendrán durante su condena un abordaje “asistencial intensivo con foco en la educación, el trabajo, el deporte y en la salida laboral”.
Marcelo Honores, el defensor adjunto en DDHH y Salud de la Provincia.
Honores consideró que la concepción que anunció Vidal “es equivalente a la visión que tenemos en la Defensoría del Pueblo sobre el papel que deberían cumplir las cárceles”, que “no son para castigo”, sino que “siguiendo el mandato de nuestra Constitución, deben brindar las herramientas necesarias para que los detenidos se rehabiliten y tengan una segunda oportunidad”.
El Defensor subrayó que “si un interno, al recuperar su libertad, vuelve al delito es porque desde el Estado no hicimos bien los deberes” y sostuvo que “el período de detención no puede ser un tiempo muerto, perdido, sino que en ese lapso se deben generar oportunidades para que los jóvenes se formen y se sientan útiles a la hora de reinsertarse en la sociedad”.
Según el anuncio oficial, el nuevo penal de Campana, que se inaugurará en diciembre, sólo alojará a detenidos jóvenes que no hayan cometido delitos graves, a donde será obligatorio estudiar o aprender un oficio, y habrá un centro permanente de tratamiento de las adicciones, para que el consumo no conduzca a la reincidencia.