La medida impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia tiene que ver encontrar lugar para los nuevos detenidos. Estas celdas habían sido cerradas en 2011 y 2012.
En el marco de la emergencia en seguridad decretada por Daniel Scioli, desde el Ministerio de Seguridad dieron luz verde a la reapertura de 200 calabozos que fueron cerrados durante 2011 y 2012 debido a sus malas condiciones.
La intención del titular de esa cartera, Alejandro Granados, tiene que ver con dar lugar a los detenidos que se produzcan gracias a las nuevas medidas, y se indicó que el cierre de esas dependencias provocaron un «impacto negativo» en el alojamiento de precios.
Lo cierto es que los cierres habían sido anunciados por el entonces ministro de Seguridad, y hoy de Justicia, Ricardo Casal, como “definitivos”, siguiendo la idea de enviar a los detenidos a las alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense con la intención de mejorar el estado de su detención, y a su vez reasignar policías a tareas de prevención.
En ese sentido, la resolución de Granados sostiene que «la inhabilitación de numerosos calabozos de dependencias policiales ha impactado en forma negativa respecto a las condiciones de alojamiento de detenidos en aquellos que se encuentran actualmente habilitados».
Por eso, lo que se busca es llevar adelante «un plan de adecuación edilicia» de los calabozos que se encontraban cerrados, además de «autorizar el alojamiento transitorio» de presos.
En esa línea, desde el Ministerio aseguraron que «por razones de celeridad, y mientras se gestionan los cupos pertinentes dentro del sistema penitenciario provincial, resultaría apropiada la utilización de la totalidad de las plazas existentes en ámbitos policiales», a la vez que se indicó que antes de que se reabran estas celdas, «se deberán realizar las tareas de reacondicionamiento necesarias para la adecuada protección y amparo de los derechos de las personas alojadas».