El secretario General de la Gobernación, Federico Thea, dijo que es una cuestión pendiente, en línea con la fuerte envestida de Cristina Kirchner contra el Poder Judicial. Sostuvo que promover una reforma “no puede ser leído como un ataque a la independencia” de la Justicia.
La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, y el secretario general, Federico Thea, al inaugurar las capacitaciones de la Ley Micaela. (Foto Gobernación – Archivo)
En medio de la andanada de críticas al Poder Judicial formuladas por múltiples actores del oficialismo, que se subieron a la declaración de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en las últimas horas el gobierno bonaerense salió a reclamar una “rendición de cuenta de los jueces”.
Fue el secretario General de la Gobernación, Federico Thea, un hombre estratégico para Axel Kicillof – a tal punto que no hay un solo papel que lleve la firma del Gobernador sin su previa revisión-, quien salió a la cancha para subrayar la necesidad de «mejorar el sistema de justicia».
Y en esa sintonía consideró que “una de las cuestiones pendientes en materia de democracia y sistema republicano es la rendición de cuentas de jueces y juezas”.
Thea – quien escribió el libro «Justicia acusada» junto al presidente Alberto Fernández- remarcó que “cuando uno habla de reforma no puede ser leído como un ataque a la independencia del Poder Judicial» ya que «de eso se trata la democracia: recibir demandas de la sociedad”.
“No tenemos un mecanismo para poder hacer una verdadera rendición de cuentas de jueces y juezas», dijo Thea y recordó que el Poder Judicial es un poder del Estado y que «no hay nada más democrático ni más republicano que trabajar en ese equilibrio de poderes para hacer un seguimiento».
Dejó claro que ese seguimiento no está motivado por «una cuestión ideológica o de política partidaria, sino para que el servicio de justicia funcione mejor y atienda las necesidades de la sociedad”.
Ejemplificó que un estudio hecho por la Universidad Nacional de José C. Paz detectó que «entre 1999 y 2017 se aplicaron solo 44 sanciones».
“Como dirigencia política debemos dar estas discusiones y mejorar el servicio de justicia porque si no, de verdad, perdemos todos”, destacó.
En ese marco, señaló la necesidad de “trabajar en mejorar el perfil de jueces y juezas y garantizar perfiles que estén más comprometidos con las necesidades, que tengan una orientación en derechos humanos, en cuestiones de género”.
El funcionario apunto que es un objetivo de “largo plazo», que debe estar impulsado por la «formación obligatoria y el trabajo que se realiza desde las facultades de Derecho, para que quienes aspiran a un cargo judicial estén capacitados en conocer la realidad social y no solamente las leyes”.