El tribunal ventilará el escándalo de corrupción y lavado de dinero, al menos u$s 60 millones, proveniente de la obra pública durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
Lázaro Báez en el banquillo de los acusados en los tribunales de Comodoro Py, adonde arrancó el juicio por lavado de dinero.
El detenido empresario santacruceño Lázaro Báez, sus cuatro hijos – Martín, Leandro, Luciana y Melina-, su excontador Daniel Pérez Gadín y su exabogado Jorge Chueco, así como el financista Federico Elaskar, escuchan en estos momentos las acusaciones en el arranque del juicio oral en el marco de la causa conocida como la “Ruta del dinero K”, por el lavado de dinero, al menos u$s 60 millones, proveniente de la obra obra pública durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
También están presentes como acusados el ex marido de Ileana Calabró, Fabian Rossi; el hijo del detenido ex contador, Sebastián Pérez Gadín; y el presidente de Austral Construcciones –principal firma del grupo Báez-, Julio Mendoza, entre otros.
Leonardo Fariña, también acusado en este proceso, se encuentra presente en la sala a pesar de no estar obligado al haber optado por ser arrepentido y estar bajo el programa de protección de testigos.
Pese a los intentos de la defensa de Báez por eludir el inicio de este proceso con el argumento de que debía definirse primero la situación de otros imputados en la causa – entre otras la de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner-, el primer debate oral y público contra Báez comenzó a ventilarse en la principal sala de Comodoro Py, ubicada en el subsuelo.
De este modo, son 24 los imputados que escuchan las resoluciones correspondientes a la instrucción de la causa y, luego, sus defensas tendrán la posibilidad de hacer los planteos que crean conveniente, sobre los cuales deberán expedirse luego los miembros del Tribunal Oral Federal número 4.
Así quedó oficialmente iniciado el primer juicio oral y público contra Báez, en el que se ventilarán presuntas maniobras de lavado de dinero, que tuvo como capítulo más resonante las escenas registradas en la ex financiera SGI, conocida como «La Rosadita», donde se vio al hijo mayor de Báez (Martín) y a otros imputados en el caso, contando millones de dólares en una pequeña oficina.
Además de este hecho, las pesquisa también puso en la lupa la salida ilegal del país de millones de dólares provenientes de la obra pública, que eran justificados como gastos con facturación falsa, otro de los hechos que tendrá un lugar destacado en las audiencias que se sucedan desde este martes y hasta el fin del juicio, cuya extensión se estima en unos ocho meses.
El Tribunal a cargo del debate está integrado por los jueces María López Iñíguez, Adriana Palliotti, Guillermo Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu, en tanto el fiscal en esta instancia del proceso es Abel Córdoba.
Por su parte, la oficina Anticorrupción, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) intervienen como querellantes.