Expuso los “aprietes” que sufren fiscales rosarinos que investigan el narcotráfico por dialogar con la prensa; las amenazas a una periodista en San Luis y la falta de respeto del gobierno de Capitanich a quienes cubren la desaparición y asesinato de Cecilia Strzyzowski. Capítulo aparte, las sospechas que la política busca instalar sobre los comunicadores en Córdoba.
Julio arrancó con el pié izquierdo para la libertad de expresión en la Argentina. Así se deprende del monitoreo que despliega el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que identificó cuatro episodios que sucedieron en las últimas horas en Santa Fe, San Luis, Córdoba y Chaco, y que van desde el “apriete” a fiscales rosarinos, las amenazas sufridas por una periodista, las sospechas generalizadas que se siembran sobre los comunicadores y la falta de respeto del gobierno que encabeza Jorge Capitanich a quienes cubren el resonante caso de la desaparición y asesinato de la joven Cecilia Strzyzowski.
CASO X CASO.- FOPEA expresó su preocupación por la sustanciación de un procedimiento disciplinario contra los fiscales de Rosario Matías Edery, Franco Carbone, Pablo Socca y Valeria Haurigot luego de que hablaran con un periodista de la revista Noticias sobre las amenazas de muerte que han recibido de narcotraficantes y referentes de organizaciones criminales de esa ciudad.
En sus declaraciones a la revista porteña, los fiscales no se refirieron a ninguna causa en particular ni revelaron detalles que estuvieran bajo secreto de sumario, sino que aludieron a cuestiones de indudable interés público tales como los riesgos que enfrenta la Justicia para perseguir y sancionar al delito organizado.
FOPEA alertó que “una eventual sanción a los fiscales implicaría una censura a una importante fuente de información pública y generaría una grave obstrucción al libre flujo de temas de indudable interés para la ciudadanía en general”.
La organización de periodistas advirtió que “se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto de la necesidad de que las instituciones públicas, y en especial la Justicia, cumplan con decisión su tarea en el combate del crimen organizado en Rosario, y ha promovido que la Justicia Federal y la provincial mantengan un vínculo fluido de información con los colegas periodistas y los medios que cubren las noticias en esa convulsionada región del país”.
“Sin fuentes públicas no hay periodismo. El verticalismo propio del ministerio Público de la Acusación debe limitarse a la determinación de criterios de acusación. Llevar su alcance a aspectos que no hacen a las causas en particular implicaría un inadecuado avance hacia la censura de los fiscales, funcionarios que ocupan una función clave en la persecución de los delitos de acción pública, con la consiguiente afectación al derecho ciudadano de acceso a la información”, concluyó FOPEA en el primero de los cuatro comunicados que emitió vinculados a los ataques a la libertad de expresión en distintas provincias del país.
EN SAN LUIS.- Asimismo, FOPEA se solidarizóa con la periodista Mercedes Romero (Merlo, San Luis) y reclamó a las autoridades judiciales y policiales que garanticen su seguridad y la de su familia.
La periodista de “Corredor Noticias” denunció ante la Policía y el Juzgado Multifueros que recibió amenazas graves de parte de Marco Rafaelli, acusado y detenido por un robo perpetrado contra un matrimonio en la misma ciudad. El detenido, además, conocía detalles de la vida privada de la periodista, alertó FOPEA.
“La grave intimidación ocurrió el sábado 1, cuando Romero se cruzó con Rafaelli dentro del Juzgado Multifuero, durante un cuarto intermedio de una audiencia en la cual se le informaba sobre la causa en la que está involucrado”, añadió el comunicado de la institución que nuclea a periodistas de todo el país.
FOPEA advirtió con “mucha preocupación” que los funcionarios presentes en el recinto “no actuaron tras las amenazas” y exigió medidas inmediatas para la protección y el resguardo de la periodista afectada y de su familia, así como la posibilidad de realizar su tarea sin hostigamientos.
LAS SOSPECHAS SOBRE EL IMPACTO DE LA PAUTA OFICIAL.- El Foro también puso el ojo sobre “los perjuicios que causa en la labor de los periodistas las generalizaciones injustificadas respecto del impacto de la pauta publicitaria en los medios”.
Explicó que en medio de la campaña electoral en Córdoba, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, aludió al gobierno de Córdoba y señaló que “compraron tantos periodistas, compraron tantos medios”.
“La frase fue puesta en un contexto en el que mencionó prácticas clientelares y prebendarias de la política, en una línea de opinión con la que coincide el candidato a gobernador de la misma fuerza, Luis Juez, quien habló de “publinotas”, señaló FOPEA.
“Al sembrar sospechas de manera generalizada sobre la compra-venta de periodistas, De Loredo obra en desmedro del rol y la profesión”, sostuvo la organización.
Para FOPEA, en un año electoral y más en un “contexto de hostilidad social como el que atraviesa el país”, los funcionarios públicos deben “actuar con responsabilidad cívica y una mayor tolerancia”. Y consideró que “en una democracia, el rol del periodismo es insustituible, por lo que es tarea de todos practicar la tolerancia y el diálogo. Para ello, resulta fundamental que los actores políticos se abstengan de acusar, prejuzgar o descalificar a los periodistas por el medio donde trabajan”.
Subrayó que “a tarea periodística está sometida a responsabilidades ulteriores, por lo cual cualquier ciudadano puede denunciar casos concretos en que advierta prácticas antiéticas o corruptas, pero las acusaciones generalizadlas resultan inconducentes, inapropiadas e injustas”.
CAPITANICH EN LA MIRA.- Sobre el caso que conmociona al país, la desaparición y asesinato de la joven Cecilia Strzyzowski, FOPEA apuntó contra las autoridades de Chaco, mencionó en forma explícita a Jorge Capitanich y puso en duda el comportamiento del gobierno frente a la tarea que desempeñan los periodistas que cubren el tema.
Días atrás, en el marco de una conferencia de prensa, Capitanich aludió a una “campaña sistemática de fake news, tergiversaciones y ataques en los medios de comunicación a raíz de las investigaciones por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski”, señaló la organización.
“En la misma circunstancia, se molestó ante la pregunta formulada por el periodista Carlos Prette y lo calificó de pertenecer a un ‘medio opositor’, por su parte, la ministra de Seguridad de la provincia Gloria Zalazar insultó al colega ante la vista de todos los presentes”, denunció FOPEA en su comunicado.
A esto se sumó que periodistas, camarógrafos y fotógrafos que cubrían la salida de la Fiscalía de uno de los detenidos por el caso Cecilia, “fueron agredidos por el dispositivo policial que participaban de la seguridad y les impidió realizar su tarea en un marco de tranquilidad y profesionalismo; del forcejeo varios colegas sufrieron golpes y empujones y algunos equipos técnicos, fueron dañados”, denunció FOPEA.
Concluyó que “el discurso estigmatizante contra el periodismo y los medios vulnera la garantía de seguridad en que los profesionales deben realizar su tarea, alienta eventuales agresiones por parte de personas o grupos violentos y afecta el derecho ciudadano a la libertad de expresión”.