Cuando los indicadores objetivos exponen conductas difíciles de explicar. Cómo se comporta el sindicalismo bonaerense frente a situaciones, estímulos o decisiones del gobierno de Kicillof. Y cómo reacciona con Milei.
Por Eloy Gómez Raverta – X @EloyGR – IG eloygr62
Como sucede con la amplia mayoría del gremialismo en la Argentina, el alineamiento político partidario al que están sujetos termina por no traducirse en una representación cabal de los verdaderos intereses de los trabajadores que supuestamente defienden, cuando no expresan posturas encontradas.
Ser cómplices, mantenerse en silencio o esconder bajo la alfombra, por ejemplo, la dramática tortura que soportan los afiliados al IOMA cuando necesitan remedios, prácticas médicas rutinarias, intervenciones quirúrgicas, hospitalización, cuidados paliativos, es apenas una muestra del masivo alineamiento del gremialismo estatal bonaerense con el gobierno de turno hoy en manos de Axel Kicillof, pero que también se comportó de esa forma cuando estuvo al frente Daniel Scioli, aunque – hay que admitirlo- fue más combativo con María Eugenia Vidal, por pasar revista sólo a las últimas cinco administraciones de la Provincia, cuatro mandatos del peronismo y uno de Juntos por el Cambio (JxC).
Desde este espacio se reflejó, en los últimos días, el cerrado rechazo de Suteba y ATE Provincia, a un eventual recorte de fondos que podría sufrir la gestión bonaerense a partir de la “motosierra” del presidente Javier Milei, pero ambas organizaciones bajaron sensiblemente el tono a la hora de pelear por el deterioro salarial de los trabajadores que deberían representar.
“Nada nuevo, elevan la voz y piden micrófonos para quejarse de la política económica de Milei y no se los escucha cuando el destinatario del reclamo es Kicillof”, se quejan quienes no profesan el modo de conducción del gremialismo vernáculo.
DE SUTEBA A LA AJB.- La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), aunque con menor exposición, también juega de esa forma. El 4 de enero, le pidió a Kicillof que convoque a la mesa paritaria inconclusa de 2023, para abordar una recomposición del poder adquisitivo de los salarios “fuertemente disminuidos” por “la devaluación y el gravísimo contexto de inflación”.
El 11 de enero, reiteró ante los negociadores del gobierno bonaerense la necesidad de que la paritaria 2023 cierre con los salarios por encima de la inflación acumulada.
Kicillof, el 18 de enero, aumentó los salarios estatales por decreto. Y la Asociación Judicial se limitó a informar desde la red social “X” sobre el incremento del 25% “aplicable a los sueldos y haberes de diciembre”. Explicó que “del total, un 15% corresponde al cierre de la paritaria 2023 y un 10% en concepto de adelanto del mes de enero de la paritaria 2024”.
“La AJB considera que este aumento es insuficiente”, concluyó el posteo en la ex plataforma del pajarito hoy comandada por Elon Musk. Eso fue todo.
FRENTE A UNO Y OTRO.- Para un universo más exclusivo, si se quiere más privado, desde su página web la AJB admitió que el año “cierra con un incremento (salarial) acumulado de 153%, porcentaje que está muy lejos de la inflación del período comprendido”, un 211,4% de aumento del índice de precios al consumidor en 2023 (según midió el Indec), lo que implica un desfasaje de 58,5 puntos, que debería afrontar la caja del gobierno bonaerense de prosperar el discreto reclamo.
En cambio, este viernes, la AJB sí se subió al paro general y la movilización al Congreso anunciada para el 24 de enero, “en defensa de los derechos laborales, la movilidad jubilatoria y la soberanía nacional”, bajo el lema “No al DNU inconstitucional” y “No a la ley ómnibus”, que debaten los legisladores en extraordinarias y que podría tener dictamen de comisión la semana entrante.
Contrastes, nada más y nada menos que contrastes.